Abortos espontáneos en El Salvador, enero a diciembre 2019.

El aborto espontáneo o aborto involuntario se define como una pérdida de embarazo clínicamente reconocida antes de las 20 semanas de gestación. Además la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la expulsión o extracción de un embrión o feto que pesa 500g o menos.[1]

[1] Fuente: presentación “Manejo del aborto”, Ministerio de Salud de El Salvador. https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentacion20052016/MANEJO-DE-ABORTO.pdf

 

Según información proporcionada por la Oficina de Información y Repuesta (OIR) del Ministerio de Salud, de enero a diciembre de 2019 se registraron en el sistema nacional de salud, 6,926 mujeres que tuvieron un aborto.

Por grupo de edad o rango etario, las niñas y adolescentes representan el 18% (1,280) de la cifra global que recibieron atención médica por abortos en el período reseñado.

Algunos factores de riesgo de aborto, es la edad de la embarazada, haber tenido un aborto espontáneo previo, embarazo o gravidez, el consumo de medicamentos o sustancias tales como la cocaína, alcohol, cafeína, tabaquismo y otros. También hay factores de riesgo

relacionados con anomalías cromosómicas o en los cromosomas heredadas del padre o madre, anomalías congénitas o malformaciones del feto, procedimientos intrauterinos invasivos[1]; además de causas externas, condiciones de salud de la mujer gestante, de trabajo, emocionales, etc.

El embarazo durante los primeros años después de la pubertad, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida, como la fístula.

A continuación, se presentan los datos por departamentos; en posible que el registro, se relacione con el acceso a los servicios de salud, tal como afirma el documento titulado «Excluídas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador: El derecho a la salud de las mujeres se ve comprometido por la disponibilidad limitada y la inaccesibilidad de los centros de salud, en particular para aquellas mujeres que habitan en zonas rurales, quienes enfrentan dificultades para transportarse al centro médico más cercano una vez ocurrida una emergencia obstétrica».[2]

[1] Idem

[2] Documento titulado «Excluídas, perseguidas, encarcerladas. El impacto de la criminizalización absoluta del aborto en El Salvador» elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/crr_ElSalvadorReport_Sept_25_sp.pdf

 

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